El diputado nacional y ex ministro kirchnerista Julio De Vido negó hoy en la Justicia haber tenido “competencia” en el otorgamiento de subsidios a las empresas de colectivos y aseguró que eso correspondía a la Secretaría de Transportes y a la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT).
De todos modos, el ex funcionario negó que haya habido ilícitos en la entrega de aquellos beneficios monetarios a las compañías de transporte al asegurar que “los responsables” de la Secretaría y la CNRT “ya se han presentado (en el juzgado) y han demostrado la regularidad de su actuación”.
De Vido compareció esta mañana en declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli, a quienes presentó un escrito de descargo, acompañado por el abogado defensor Adrián Maloneay, en la causa que investiga si hubo irregularidades en los subsidios al gasoil para colectivos.
Igual que en otras causas penales en que se encuentra acusado, el ex ministro kirchnerista atribuyó esta imputación a la “persecución judicial” que dice estar “sufriendo” así como a lo que denominó presiones” por parte del “propio Presidente de la Nación (Mauricio Macri) y el ministro de Justicia (Germán Garavano) sobre el Poder Judicial”.
Aseguró además que “el sistema” de “determinación y otorgamiento” de subsidios a colectiveros “fue creado con anterioridad” a su llegada al ministerio de Planificación e Infraestructura en 2003 y afirmó que “sigue durante la actual gestión del ministro de Transporte (Guillermo) Dietrich”.
“La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe que obra como prueba central en la causa y formuló observaciones de carácter administrativo pero ni siquiera advirtió irregularidad alguna que tuviera relevancia penal”, añadió en el descargo, que finalizó con un pedido de sobreseimiento.
En esta causa se investigan los subsidios que los Gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, entre 2005 y 2012, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes.
El mecanismo se ponía en marcha con una mera declaración jurada a la Secretaría de Transporte por parte de las empresas, que cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros, y la CNRT tenía que controlar si esos datos eran veraces o no.
Los investigadores judiciales, según las fuentes, detectaron supuestos fraudes en las declaraciones juradas y un presunto perjuicio para las arcas públicas por unos 200 millones de pesos. Además de De Vido, se encuentran imputados y prestaron declaraciones indagatorias los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, detenido en el penal de Ezeiza, y Juan Pablo Schiavi, además de los ex titulares de la CNRT, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
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